La decisión del gobierno de Gabriel Boric de suspender la concesión del cable de fibra óptica entre Chile y China es una señal política clara de subordinación estratégica a Washington y de renuncia total a la soberanía nacional.
Una vez más, La Moneda demuestra que su política exterior no responde a un proyecto autónomo de país, sino a los márgenes que fija el poder imperial estadounidense. No se trata de un hecho aislado: el alineamiento con la agenda de Estados Unidos ha sido una constante, incluso en medio de la disputa global por la hegemonía tecnológica con China. Chile, en vez de afirmarse como actor soberano, aparece como un territorio donde la balanza siempre termina inclinándose hacia los intereses de Washington.
El decreto firmado el 27 de enero por el ministro Juan Carlos Muñoz autorizaba a China Mobile International el despliegue de casi 19.800 kilómetros de fibra óptica submarina entre Hong Kong y Concón. No era un proyecto menor: significaba posicionar a Chile como plataforma estratégica entre Asia y Sudamérica, fortaleciendo nuestra conectividad, nuestra infraestructura crítica y nuestra proyección geopolítica hacia el Pacífico.
Sin embargo, dos días después, el gobierno retrocede. La explicación de un “error técnico o de tipeo” resulta inverosímil frente a la magnitud del proyecto. No se trata de una coma mal puesta, sino de una definición sobre el lugar que Chile ocupa en el nuevo orden multipolar. Cuando decisiones de esta envergadura se anulan en 48 horas, lo que queda en evidencia es la existencia de presiones políticas imperiales.
La experiencia reciente lo confirma. El proyecto de observatorio astronómico chino en Antofagasta también fue bloqueado tras advertencias provenientes de Estados Unidos. Cada vez que una iniciativa estratégica vincula a Chile con potencias emergentes fuera de la órbita estadounidense, surgen obstáculos, demoras y cancelaciones. El patrón es evidente.
Chile necesita afirmar una política exterior soberana, no actuar como una neocolonia de los intereses de EEUU. La suspensión del cable es una señal de debilidad política frente a la pugna global por el control de la infraestructura digital. En el siglo XXI, quien controla los datos y las redes controla una parte sustantiva de la Soberanía.
La soberanía no se proclama en discursos: se ejerce en decisiones concretas.