Jorge Gálvez ( Coordinador Nacional de Izquierda Soberanista)
La decisión de dejar de comprar la remolacha nacional por parte de la empresa IANSA en manos de los capitales estadounidense Hartree Partners, controlada por el fondo de inversión Oaktree Capital, es la cúspide de una crisis de la remolacha chilena consecuencia directa de décadas de políticas antinacionales que destruyeron la soberanía alimentaria del país, y entregaron el agro chileno a las rapiñas del mercado global y condenaron a miles de productores a competir en condiciones imposibles frente a potencias extranjeras subsidiadas.
Hoy, bajo el gobierno oligárquico de José Antonio Kast, esta política de abandono alcanza un nuevo nivel. La decisión de IANSA de suspender la compra de remolacha para la temporada 2026-2027 deja en riesgo a más de 250 agricultores, 6.300 hectáreas productivas y cerca de 3.000 empleos indirectos en Ñuble y Biobío. Pero el problema es mucho más profundo, lo que está en juego es la capacidad de Chile para producir sus propios alimentos.
En estas condiciones Chile avanza hacia la dependencia absoluta. En Chile se impone la doctrina neoliberal de importar todo lo que resulte “más barato”, aunque eso destruya la producción nacional, las economías regionales y la capacidad del país de sostenerse por sí mismo.
En los años 80 Chile sembraba cerca de 600 mil hectáreas de trigo, hoy apenas supera las 140 mil. La remolacha pasó de 60 mil hectáreas y cinco plantas industriales a apenas una planta y poco más de 6 mil hectáreas. Claramente es el desmantelamiento sistemático de la agricultura chilena y de la capacidad industrial de Chile.
El empresariado antipatria también tiene responsabilidad directa. Grandes grupos económicos obtuvieron ganancias durante décadas explotando el trabajo agrícola nacional, pero en cuanto la mezquina rentabilidad de sus negociados privados disminuye prefieren importar azúcar extranjera antes que defender la producción chilena. La lógica es simple, las utilidades privadas están por encima del interés nacional. Así, el capital abandona al país y convierte a Chile en un simple mercado dependiente de mercancías importadas.
Se dice que Chile “no puede competir” con la azúcar extranjera, pero se oculta deliberadamente que las potencias agrícolas protegen activamente a sus productores mediante subsidios, aranceles y planificación estatal. El “libre mercado” solo existe para países subordinados como Chile, las grandes potencias practican soberanía económica.
La situación es todavía más grave porque afecta a toda la cadena productiva: transportistas, comerciantes, trabajadores temporeros, proveedores de insumos y maquinaria especializada quedan al borde del colapso. El cierre de la remolacha no significa solamente perder un cultivo, significa destruir tejido económico regional y empujar al campo chileno hacia la pobreza y el abandono.
El lacayo gobierno de Kast, alineado históricamente con el gran empresariado y el dogma ultraliberal, carece de una política nacional para defender la producción agrícola. Su modelo económico considera al Estado un mero espectador mientras el mercado decide qué sectores sobreviven y cuáles desaparecen. Bajo esa lógica, Chile puede terminar importando trigo, azúcar, carne, leche y hasta productos básicos que históricamente producía en abundancia.
Frente a este escenario, la defensa de la remolacha no puede limitarse solamente al rescate de un cultivo agrícola. Chile necesita avanzar hacia un proceso de industrialización nacional con una fuerte participación del Estado, orientado a proteger y desarrollar la producción estratégica del país. Sin industria nacional no existe soberanía económica ni capacidad de sostener una agricultura independiente.
El Estado debe asumir un rol central en la planificación económica, garantizando financiamiento, infraestructura, energía, investigación y protección comercial para fortalecer tanto la agroindustria como a los pequeños y medianos productores nacionales. La producción agrícola no puede quedar sometida exclusivamente a las fluctuaciones del mercado internacional ni a las decisiones de conglomerados foráneos trasnacionales cuyo único interés es la rentabilidad inmediata.
Defender la remolacha implica también defender la existencia de plantas procesadoras nacionales, cadenas logísticas chilenas y capacidades industriales propias que permitan agregar valor a la producción del país. Sin industrialización, Chile seguirá exportando materias primas baratas e importando productos elaborados a precios cada vez más altos, profundizando su dependencia económica.
La consecuencia final de esta política es extremadamente peligrosa, un país que no produce alimentos ni posee industria propia pierde soberanía. Una nación dependiente de importaciones queda expuesta a crisis internacionales, especulación financiera y bloqueos económicos externos. La seguridad alimentaria deja de estar en manos del pueblo chileno y pasa a depender de corporaciones y mercados extranjeros.
Chile necesita exactamente lo contrario de lo que hoy impulsa el gobierno y el gran empresariado. Se requiere una política soberanista que proteja la producción nacional, subsidie estratégicamente sectores agrícolas clave, fortalezca la industria alimentaria chilena, impulse una nueva industrialización nacional dirigida por el Estado y recupere la planificación económica en función del interés nacional y no de la mezquina rentabilidad inmediata de grupos privados.
La defensa de la remolacha debe ser una lucha por la soberanía económica, industrial, territorial y alimentaria de Chile frente a un modelo neoliberal que sacrifica la patria para beneficiar al capital imperialista transnacional.
No veo revercion, en esta destruccion sistematica, de nuestras fuentes laborales. Es claro a mayor cesantia aumenta la necesidad y delincuencia. No vemos chilenos aptos para enmendar el rumbo actual, de esta nacion colonia.