por Jorge Gálvez (Coordinador Nacional de Izquierda Soberanista y Secretario Político del Partido del Trabajo de Chile)
El declive del poder económico, militar y político de Estados Unidos ha obligado al imperialismo a desplegar nuevas formas de intervención destinadas a preservar su dominio sobre regiones estratégicas, particularmente en América Latina. En este contexto, la disputa electoral en nuestros países ya no puede entenderse únicamente como una competencia entre proyectos nacionales, sino como parte de una confrontación geopolítica que repercute a nivel mundial.
No se trata únicamente de impedir el acceso al poder de la izquierda revolucionaria o incluso de los moderados gobiernos progresistas. Sino que la tendencia observable es que Washington privilegia el ascenso de fuerzas de ultraderecha inclusive por sobre las expresiones tradicionales de la derecha neoliberal. No podemos analizar la lucha de clases y sus métodos solo con los parámetros del siglo XX, han surgido nuevos fenómenos en el marco del declive imperialista y del capital financiero.
Mientras la derecha tradicional entra en una fuerte crisis en el marco del agotamiento del Patrón de Acumulación neoliberal, pero aún todavía conserva ciertos compromisos institucionales, los nuevos movimientos de ultraderecha ligadas a bandas criminales, narcotráfico, aparecen como instrumentos mucho más eficaces para garantizar la apertura irrestricta de las economías nacionales al capital financiero. Su función consiste en eliminar obstáculos de soberanía política, jurídica y social, que permitan el amplio pillaje de los recursos estratégicos.
De esta manera, “La nueva Estrategia de Seguridad Nacional” (NSS) impulsada por Donald Trump representa una fase cualitativamente distinta de la ofensiva imperialista en América Latina, que tiene su expresión concreta en el plan “Escudo de las Américas” que es teóricamente una iniciativa de la seguridad hemisféricas, constituida por EEUU y sus proxis narcos-gobiernos del continente. El plan está presentado para enfrentar a las bandas criminales, a pesar que estos gobiernos de ultraderecha aparecen vinculados a estructuras mafiosas, redes de corrupción, economías ilícitas y organizaciones criminales que terminan erosionando la capacidad soberana de los Estados. Allí donde estas fuerzas se consolidan, se profundiza la destrucción institucional, aumenta la dependencia externa y se multiplican las condiciones propias de los llamados «Estados fallidos». La erosión y degradación del Estado Nacional es una condición funcional para facilitar el saqueo de territorios y riquezas nacionales.
Así las abiertas intervenciones en los actos electorales por parte de los EEUU en Honduras, Perú, Ecuador y Colombia constituyen parte de una estrategia para asegurar el control de corredores comerciales, materias primas críticas, sistemas financieros y espacios geográficos de importancia militar.
Los recursos extraídos de la región permiten sostener la capacidad económica, tecnológica y militar estadounidense en un momento de creciente confrontación internacional. La dominación sobre América Latina continúa siendo una condición indispensable para mantener influencia global de los Estados Unidos.
Frente a esta realidad, la izquierda popular enfrenta el desafío de superar las concepciones exclusivamente electoralistas. La experiencia histórica demuestra que cuando los proyectos soberanos amenazan intereses estratégicos del imperialismo, las reglas democráticas son frecuentemente alteradas mediante golpes institucionales, campañas de desestabilización, lawfare, manipulación mediática-digital o derechamente fraudes electorales.
¿Cómo es posible enfrentar solo institucionalmente a bandas criminales apoyadas por el imperialismo en los escenarios electorales, cuando están precisamente para cumplir el mandato de romper las reglas institucionales nacionales, conociendo de antemano los resultados amañados y manipulados para impedir el ascenso de los pueblos a los gobiernos? Si determinados actores recurren sistemáticamente a la represión política, la desinformación, el sabotaje económico o la captura de instituciones para impedir transformaciones estructurales, la defensa del proceso democrático no puede descansar únicamente en los mecanismos formales del Estado. La historia latinoamericana muestra que, en numerosas ocasiones, los sectores populares han debido enfrentar adversarios que no reconocen las propias reglas democráticas cuando estas favorecen proyectos de emancipación nacional.
Por ello, la participación en los procesos electorales debe articularse simultáneamente con levantamientos y sublevaciones populares. La defensa de la soberanía exige la existencia de un pueblo organizado, consciente y movilizado, capaz de proteger sus decisiones políticas, económicas y sociales frente a cualquier forma de intervención externa o intento de restauración oligárquica. Desde esta perspectiva, el alzamiento popular constituye la principal garantía de la democracia cuando las fuerzas imperialistas buscan desconocer la voluntad popular, pues solo la capacidad de organización y movilización de las mayorías puede resguardar la legitimidad de los procesos de transformación frente a quienes pretenden revertirlos a través de actos criminales.
En consecuencia, la disputa por la soberanía nacional en el siglo XXI no puede reducirse a la competencia electoral ni a la administración del Estado dentro de los márgenes definidos por el orden dominante. La lucha por la emancipación exige combinar la batalla institucional con la construcción permanente de fuerza popular organizada, capaz de defender las conquistas democráticas frente a las diversas formas de intervención imperialista. Las elecciones pueden abrir una oportunidad para las transformaciones, pero solo un pueblo movilizado y consciente puede impedir que esas victorias sean revertidas por la violencia económica, política, judicial o militar.
La historia de América Latina demuestra que ningún proceso de liberación nacional ha logrado consolidarse únicamente mediante los mecanismos institucionales. Cuando los intereses del imperialismo se ven amenazados, las reglas del juego suelen ser modificadas por quienes nunca aceptan perder el control sobre los recursos estratégicos y el destino de nuestros pueblos. Por tanto, la organización popular, la movilización permanente y la capacidad de respuesta colectiva constituyen no una alternativa a la democracia, sino la condición indispensable para garantizar que la voluntad soberana de las mayorías prevalezca frente a cualquier intento de dominación externa o restauración oligárquica.
Solo sobre la base de un pueblo organizado, consciente de sus intereses históricos y dispuesto a defender su soberanía en todos los terrenos de la lucha política, será posible construir una verdadera democracia nacional, popular y soberana, capaz de romper definitivamente con las estructuras de dependencia y abrir paso a un proyecto de desarrollo independiente al servicio de las grandes mayorías.